Los transportistas autónomos están dispuestos a colapsar las carreteras españolas en Semana Santa. Así lo asegura la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías, que espera no obstante alcanzar un acuerdo con las compañías cargadoras antes del próximo 31 de marzo.
Según la patronal, la situación que vive actualmente el sector es «insostenible» ya que desde el estallido de la crisis económica más de 25.000 autónomos se han visto obligados a aparcar el camión.
Según sus datos, la actual crisis ha provocado una caída del 30% en la actividad del transporte de mercancías por carretera, mientras que, por contra, los costes de explotación han crecido un 8% (en 9.350 euros anuales).
Fetransa apuntó en un comunicado que esta situación se verá además «agravada» en caso de que se mantenga el actual ritmo de encarecimiento del combustible, que acumula un aumento del 25% en lo que va de año y se ha duplicado en los dos últimos ejercicios.
Según esta patronal, ante esta coyuntura, los autónomos, «la parte más débil del eslabón del transporte de mercancías por carretera», se están viendo «obligados a aceptar contratos leoninos, con precios por debajo de costes, para poder mantener sus vehículos».
«La situación del sector es insostenible. La posición dominante en las relaciones comerciales que ostentan los cargadores imposibilita que los transportistas autónomos repercutan el aumento del coste de combustible a sus clientes. Si no se cumplen los compromisos de revisión de los precios, miles de autónomos se verán obligados a abandonar su actividad y las consecuencias serán nefastas para el sector y el empleo en España», destacó Fetransa en un comunicado.
Por todo ello, la patronal solicita que sus clientes, los cargadores, cumplan el acuerdo alcanzado en 2008 por el que se comprometen a revisar los precios si el coste del carburante se incrementa un 5%.
También piden a la Administración un régimen sancionador para las empresas que no cumplan este pacto y exigirán el cumplimiento de la nueva Ley de Morosidad, dado que, según sus datos, los autónomos soportan un aplazamiento de los pagos de 120 días, con lo que arrastran una deuda de 4.600 millones.
