Valeriano Gómez ha querido espantar ayer el fantasma de los cinco millones de parados y aseguró ayer en Gijón que en ningún caso el Gobierno prevéque pueda alcanzarse esa cifra este año ya que espera que la economía española comience a crear empleo en la segunda mitad del año.
Por otro lado, mostró su confianza en que la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo respecto a la negociación colectiva en el mes de abril, algo de lo que también se muestran casi convencidos los agentes sociales.
Respecto a la reforma de la negociación colectiva, ha dicho que tras mes y medio de conversaciones entre patronal y sindicatos, es optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Si lo hay, agregó, finalmente habrá una reforma que el Gobierno pueda llevar al Parlamento modificando el título tercero del Estatuto de los Trabajadores.
Sobre las últimas previsiones del Banco de España, que rebajan las estimaciones del Gobierno, ha insistido en que la previsión de paro del Ejecutivo no es «tan alta» para este año, aunque ha apuntado que todo depende de cómo se comporte la población activa. De hecho, ha indicado la posibilidad de un crecimiento de empleo neto «más claro e intenso» en 2012 e incluso, si la población activa no crece demasiado, se podría pensar en reducir el desempleo.
En este sentido, ha recordado que el desempleo es siempre la mezcla de dos variables, cuánto se crea empleo y cuánto crece la población activa. De esta última, ha indicado que lleva «un tiempo detenida o sin crecer demasiado», por lo que afirmó que «probablemente» se acabe el año por debajo de la cifra que pronostica el Banco de España.
Respecto al plan que se aplicará en casi todos los países europeos para que emerja el empleo sumergido a través primero de estímulos e inmediatamente después con un endurecimiento de las sanciones para empresarios y trabajadores, ha explicado que se negociará con los interlocutores sociales para después llevarlo al Parlamento y que entre en vigor «lo antes posible».
Eso sí, ha recalcado que las sanciones serán tanto para los trabajadores en activo que perciban prestaciones por desempleo como para las empresas que contraten a empleados de manera irregular.
