El Gobierno quiere consensuar con los agentes sociales las líneas maestras de su Plan contra la economía sumergida. Sin embargo, la primera propuesta que ha presentado no ha convencido ni a los sindicatos ni a la patronal, aunque desde todas las partes se confía en poder seguir avanzando en este terreno hasta alcanzar un acuerdo.
Unas discrepancias que harán que difícilmente el plan pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros del próximo miércoles tal y como pretendía el Gobierno, según ha desvelado este lunes el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.
Fuentes de la negociación han indicado que la propuesta presentada por el Ejecutivo era «desequilibrada» ya que cargaba excesivamente sobre ciertos derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios también expresaron sus discrepancias con respecto a las sanciones.
La propuesta del Ejecutivo contemplaba, entre otras medidas, un periodo de afloramiento voluntario del empleo sumergido hasta el próximo 30 de junio. Una vez terminado este plazo, las sanciones se incrementarían para las empresas.
