Ironías de la vida. Ironías de la economía, en este caso. Mientras numerosas voces procedentes de ámbitos empresariales y asociaciones de profesionales autónomos llevan clamando un tiempo respecto a los créditos ICO, denunciando que solo una mínima parte de ellos llegan a concederse, ahora el Gobierno anuncia la puesta en marcha de nuevas líneas del Instituto de Crédito Oficial… ¡para los ayuntamientos!
Paradójicamente, pymes y trabajadores por cuenta ajena seguramente deban alegrarse en cierta forma de la medida, teniendo en cuenta que esta financiación que se va a destinar a los consistorios tiene por objetivo acabar con la morosidad pública, que está dificultando la supervivencia de no pocos negocios.
Así, José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado este martes que «el ICO realizará el pago directamente a los proveedores de aquellas facturas reconocidas por los ayuntamientos, con un plazo de tres años para devolverlo». Con esta nueva línea de crédito será el propio ICO el que pague a los promotores y la garantía de cobro será la participación de los municipios en los tributos del Estado y se utilizará para el pago de todas las facturas pendientes de las entidades locales con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011.
El ICO, a través de la entidades colaboradoras, realizará el pago directamente a los proveedores, si bien el plazo del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años ni el 25% de la participación del municipio en los tributos del Estado, lo que contribuirá a la garantía final del préstamo.
Esta medida fue rechazada por el Ejecutivo cuando se incluyó, a instancias de CiU, en la Ley de Morosidad de hace una año. Se incluía además en la ley de medidas contra la morosidad, anunciada por el Gobierno en el mes de julio de 2010. Dos meses más tarde Zapatero rechazaría su puesta en marcha alegando que se corría el riesgo de incrementar el déficit público y que además no se contaba con las garantías de devolución adecuadas.
