En este sentido UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) ha señalado que adelantar las elecciones podía provocar que algunas leyes que afectan directamente al desarrollo de la actividad de este colectivo, se quedan en el tintero. Así la organización aseguró que podría dejar de tramitarse el proyecto de Ley de Contratos de Distribución (refuerza la seguridad jurídica en contratación de colectivos como vendedores de prensa o franquiciados) o que se ponga en peligro la esperada Ley de Transporte Terrestre.

Por contra ATA, otra de las grandes asociaciones que representa a este colectivo, ha calificado la decisión de Zapatero de «necesaria» ante la situación de crisis e «inestabilidad» de la economía española y del país en general. Su secretario general, Lorenzo Amor, ha afirmado que «este adelanto electoral es aún más necesario si se tiene en cuenta que no se están llevando a cabo las reformas necesarias para solucionar los problemas del tejido productivo y dar confianza a los ciudadanos». 

En el lado de las pequeñas empresas, Cepyme entiende con respecto a últimas cifras de la EPA, que «la debilidad de la demanda y las dificultades de acceso a la financiación siguen lastrando la actividad empresarial y teniendo consecuencias negativas sobre el empleo», mientras que hermana mayor, la CEOE indica que con el adelanto electoral se «transmite un mensaje de certidumbre política y económica a los mercados».