Esa es la petición, en resumidas cuentas, realizada por el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Terciado, a los partidos políticos. Dar el poder de decisión al empresario mediante un «porcentaje mínimo» de flexibilidad en la vida interna de la empresa, a la vez que ha exigido una reforma de las administraciones públicas para recortar el gasto público y acabar con los problemas de morosidad.
En conjunto, Terciado ha presentado 75 medidas para la próxima legislatura y ha insistido en que los empresarios deben escuchar las propuestas de los sindicatos. Igualmente, ha insistido en la necesidad de cambios en las administraciones públicas haciéndolas «más viables» y evitando «despilfarros», contribuyendo a la reducción del gasto público y simplificando la gestión a los empresarios.
Al hilo de este tema, el presidente de Cepyme ha hecho referencia a la Ley de Morosidad como uno de los problemas de las empresas a la hora de conseguir financiación. Así, ha fijado el periodo medio de pago en 280 días, y ha remarcado que las administraciones acumulan retrasos en los pagos por valor de 45.000 millones de euros.
Respecto a la reforma laboral, ha asegurado que debe ser el «cimiento» de recuperación para el empleo, a la vez que ha abogado por desjudicializar la contratación, y apostar por el contrato indefinido. No obstante, sobre el abaratamiento del despido, ha aclarado que se deberá debatir con los sindicatos, aunque ha matizado que las indemnizaciones deberían situarse en el entorno de la semana que posee Portugal y los 20 o 25 días que tienen otros países europeos.
Un nuevo marco fiscal que incentive la actividad y que bonifique a aquellos empresarios que generen empleo. Esta es otra de las necesidades manifestadas por Cepyme. Se trata de beneficiar en cierta medida a aquellas personas que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo. Para ello también será vital incentivar el espíritu emprendedor. La forma es mediante ayudas para empresas en financiación y facilitarles una nueva norma que ayude a las compañías en cuanto a financiación y facilite las relaciones de los empresarios con las administraciones públicas. Asimismo, ha solicitado a las universidades que hagan prácticas adaptadas a los negocios.
