El Gobierno aprobará hoy la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma que obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.
Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe hoy el anteproyecto de Ley de Transparencia, los ciudadanos dispondrán de unos 10 días para realizar aportaciones a la norma. Para ello, podrán utilizar las webs institucionales para hacer llegar al Gobierno sus sugerencias, críticas y apreciaciones.
Paralelamente, el Gobierno está ultimando el ‘Portal Digital de la Transparencia’, al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos. Se pretende que este portal esté en marcha cuando acabe el proceso legislativo, lo que podría ser antes del verano.
Aunque habrá una lista cerrada de asuntos sobre los que no habrá información (relativos a la seguridad nacional o a la protección de datos), el ‘Portal Digital de la Transparencia’ permitirá a los ciudadanos conocer por ejemplo a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos.
