La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha cerrado la lista de las 80 agencias privadas de colación (de las más de 200 que se han ofrecido) que optarán a contratos para colaborar con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en la inserción de parados en el mercado laboral, por un valor estimado de hasta 200 millones de euros.
El Gobierno aprobó este acuerdo marco el pasado mes de agosto con el objetivo de complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo mediante un sistema de colaboración público-privada. El Ejecutivo ha previsto que los contratos que se firmen alcancen un gasto para las administraciones de 200 millones de euros en un horizonte de vigencia de dos años, prorrogables hasta otros dos.
Este acuerdo marco cuenta con el respaldo de las comunidades autónomas, 14 de las cuales han formalizado su voluntad de participación, mediante la firma de los correspondientes convenios, tal y como puso de manifiesto la Conferencia Sectorial del 24 de julio.
Estas comunidades autónomas son Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Navarra.
Según el pliego de condiciones, las agencias privadas de colocación obtendrán entre 300 y 3.000 euros por cada desempleado al que faciliten un empleo. Las cuantías variarán dependiendo de la edad y del tiempo que lleve el desempleado fuera del mercado laboral, desde los tres a seis meses, hasta más de años.
