Según la reciente encuesta incluida en el Informe Europeo de Pagos que realiza cada año Intrum Justitia, para la que se ha encuestado a 9.440 compañías en Europa sobre sus plazos de pago y su situación económica, un tercio de las pymes españolas señala que podría contratar a más empleados si cobrasen antes sus deudas. Además, un 12% de las grandes empresas españolas opina exactamente lo mismo, lo que supone un potencial de empleo considerable en los sectores con mayores pagos. De hecho, la encuesta de Intrum Justitia revela que más de un millón de empresas en España contratarían más si los periodos de cobro fueran más cortos.
El informe de Intrum Justitia revela también que el 65% de las pequeñas y medianas empresas españolas ha aceptado plazos de pago más largos de los que desearían y un 21% aseguran que la demanda de alargar los plazos provino de una gran multinacional. Casi dos tercios (65%) indican que los retrasos en el pago son «intencionados».
Los retrasos en los pagos dañan a las empresas de cualquier tamaño, pero las pequeñas y medianas empresas están menos protegidas. De hecho, el 34% de las empresas españolas encuestadas asegura que no cuentan en ningún caso con garantías bancarias, seguros de crédito, comprobaciones de crédito, prepagos, servicios de cobro de deudas o protección contra impagos. Además, desciende respecto al año pasado el porcentaje de empresas que toman al menos una de las precauciones anteriormente citadas.
España, junto con Italia, Grecia y Portugal, son los países europeos con plazos de pago «business-to-business» más largos, y también con Italia, Portugal y Croacia es uno de los países en los que las empresas aseguran que han cobrado más tarde una vez cumplida la fecha de vencimiento de la deuda.
