Siete de cada diez compañías están en peligro debido a los impagos que sufren de manera continua. Así lo destaca el último informe de pagos pro sectores de Intrum Justicia y Lindorff, que destacan que la morosidad genera unas pérdidas que equivalen al 1,8% de los ingresos de las empresas dedicadas al comercio mayorista. Esos retratos siguen una tendencia al alza y declara a 2018 todo apunta a que seguirán dándose retrasos en los cobros.
El reporte recoge que la clave está en las dificultades financieras que atraviesan los clientes para saldar las deudas en los plazos establecidos. Al menos así lo consideran el 86% de los empresarios del comercio mayorista y minorista, que son pesimistas en cuanto a la resolución de este gran problema. De hecho, apenas un 20% de las sociedades españolas cree que el riesgo deudor descenderá en 2018.
Entre los motivos de que se retrasen esos abonos está también la intencionalidad, algo que creen el 41% de los empresarios participantes en el estudio. La ineficiencia de los departamentos administrativos y las dispuestas en relación a los servicios prestados son otros de los obstáculos que dificultan el conseguir esa liquidez e ingresos que son imprescindibles para que un negocio pueda continuar adelante.
Las empresas de recobro y las firmas especializadas en gestión de crédito y recuperación de deuda están gestionando facturas con un retraso de 148 días de media, una cifra muy superior a la media de la Unión Europea, donde se habla de 81 días. “Las compañías especializadas ofrecen soluciones para agilizar esos logros y facilitar el pago a los clientes. Cuanto más tiempo pasa desde la fecha de vencimiento de la factura mayor el esfuerzo y el coste que genera esa factura”, comenta Alejandro Zurbano, director general de Intrum Justitia y Lindorff en España.
Las compañías están preocupadas porque son conscientes de que esos impagos pueden tener un impacto algo en su liquidez. Una de cada tres considera que tienen un riesgo medio-alto a la hora de afrontar las consecuencias de los intereses que se derivan de los impagos. Intrum Justitia y Lindorff resaltan que el comercio mayorista y minorista está aceptando plazos de cobro más largos de lo que desearían pero no les queda otra solución.
Se reclaman medidas para agilizar esos cobros. El 46% de las compañías encuestadas piden una renovación de la legislación, que exista un régimen sancionador que endurezca las penas por incumplimientos de los periodos legales de morosidad aceptados en España.
