domingo , 9 agosto 2020 Impresion Pyme
  • La nueva realidad empresarial quedará dibujada con la recuperación económica y la nueva ley del teletrabajo

    La vuelta al trabajo ya es una realidad a medida que las ciudades reactivan sus actividades con la mirada puesta en la mejora de la economía. No obstante, muchas empresas siguen ofreciendo a sus trabajadores la opción de trabajar a distancia. Una opción que arroja algunas preguntas acerca de cómo instalar la modalidad de trabajo a distancia de manera permanente: ¿Cuál es el impacto económico para las compañías? ¿Está todo el mundo preparado para asumir esta medida de manera permanente?

    Un debate que lejos de desaparecer, parece avivarse aún más tras la posible puesta en marcha de la nueva ley del teletrabajo por parte del Gobierno y el apoyo del Banco de España para impulsar esta forma de trabajo. Por ello, Viasat, compañía global de telecomunicaciones, ha querido analizar los factores que intervienen en esta nueva ecuación: impacto económico, productividad, infraestructuras o conciliación, en un momento en el que algunas compañías han adoptado ya esta medida.

    El trabajo a distancia supone, en primer lugar, el abandono de los lugares de trabajo como tal, lo que se traduce, en términos económicos para la empresa, en un ahorro en el gasto de las oficinas. Según datos de la Cámara Navarra de Comercio e Industria y del Servicio Navarro de Empleo, un teletrabajador supone un ahorro superior a 1.200 euros al año para la empresa. Resulta imposible no unir esta cifra a los niveles de productividad con esta modalidad, ya que, de media, según los mismos datos, se ahorran 216 horas en desplazamientos al lugar de trabajo.

    Paralelamente, el INE afirma que los teletrabajadores aumentan su productividad entre un 5% y un 25% respecto a los presenciales. El contexto en el que se da esta productividad difiere significativamente entre la situación vivida durante el Estado de Alarma, momento en el que los teletrabajadores con hijos han tenido que lidiar con el trabajo y la vida doméstica, al que se podría vivir cuando esos niños hayan recuperado su rutina escolar, como se prevé que ocurra a partir del mes de septiembre. En este último caso, los empleados pueden atenerse a las ventajas de la conciliación que da el teletrabajo sin obstáculos que mermen esos mismos niveles de productividad.

    Debate sobre la ley

    Con todo, en las últimas semanas se ha incrementado el debate en torno a los gastos añadidos que el teletrabajo supone para el trabajador y las obligaciones derivadas que puedan tener de ello las empresas. En esta línea se ha pronunciado recientemente la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al explicar que la propuesta de la ley del teletrabajo tiene como objetivo establecer una lista de costes que la empresa deberá asumir, a modo de compensación para que los gastos no recaigan sobre los empleados.

    Unido a ello, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha anunciado el apoyo a esta nueva forma de trabajo. Aunque, tal y como ha explicado, para que su desarrollo sea adecuado es necesario que las empresas realicen una inversión en material y formación continua para los trabajadores, con el objetivo de evitar que su productividad se vea afectada y acabe teniendo efectos negativos.

    A la espera de conocer cuáles serán las medidas exactas que deben ofrecer las empresas a sus trabajadores, es importante tener en cuenta que existe otro factor clave que seguirá siendo necesario e imprescindible garantizar. Para  que el teletrabajo sea posible, los trabajadores deben disponer de la infraestructura necesaria para poder instalar esta tendencia.

    A priori, la empresa también ha de dotar al empleado del material tecnológico pertinente, como un ordenador y los respectivos accesorios. No obstante, también hay que tener en cuenta la calidad de la conexión Internet y la necesidad de una red competente. Según el informe ‘Cobertura de banda ancha en España en el año 2019’, el porcentaje de cobertura de las redes de banda ancha  mayor o igual a 30 Mbps, que es la velocidad mínima recomendada por la UE, alcanza al 94% de la población española. Esta cifra implica que existen todavía 2,8 millones de ciudadanos sin acceso a esa conexión mínima

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