El pasado año, la fiscalía de Connecticut (Estados Unidos) inició una investigación, a la que se sumaron una cuarentena de fiscales de otros estados del país, sobre los datos que los coches de Street View habían recolectado de redes WiFi abiertas a su paso por las calles.
Según parece, el nuevo fiscal de Connecticut habría llegado a un pacto con Google para negociar una sanción para, de este modo, ahorrar a los estados el gasto de iniciar una demanda judicial. Lógicamente, de no llegar a un acuerdo habría que recurrir a juicio.
El caso Street View no sólo trae de cabeza a los Estados Unidos, también a un centenar de países de todo el mundo, entre los que se incluyen el nuestro. En España, la Agencia de Protección de Datos tiene abierta una investigación y hay pendiente en un juzgado de Madrid una demanda por este motivo. Por su parte, la fiscalía de Guipúzcoa dio carpetazo a su propia investigación sobre esta conducta.
Google propuso inicialmente la destrucción ante testigos de los datos almacenados de las redes WiFi, pero muchos países se opusieron a la misma para poder analizar con detalle el tipo de información que habían recogido los coches de Street View a su paso por las calles.
