La Comisión Europea quiere que España siga profundizando en las reformas emprendidas hace casi un año. El siguiente escollo a salvar, además de cumplir con los objetivos de déficit, es vincular la subida de los salarios con la productividad, una afirmación que está en consonancia con lo que la patronal lleva reclamando desde hace meses, y que finalmente no ha sido incluido en la reforma de la negociación colectiva.
En este sentido, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han pedido a España que introduzca una regla de control de gasto para las comunidades autónomas y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones a nivel de empresa.
En el lado positivo de la balanza, el Gobierno ha logrado que se retire la recomendación más polémica que había formulado la Comisión: reducir las cotizaciones sociales para rebajar los costes salariales y compensar la pérdida de ingresos subiendo el IVA y los impuestos sobre la energía. El objetivo de esta medida era impulsar la creación de empleo, pero las autoridades españolas alegaron que pondría en riesgo las pensiones.
Los líderes europeos sustituyen esta petición por otra más genérica: «estudiar el margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal, haciendo por ejemplo recaer el peso de la fiscalidad sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar de sobre el trabajo, al tiempo que se garantizan los planes de saneamiento fiscal».
Los Veintisiete reclaman además a España «una norma vinculante de gasto para todas las administraciones» que mantenga el aumento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Y solicitan que se apliquen «estrictamente los mecanismos existentes de control de déficit y deuda para los gobiernos regionales» y que se siga mejorando la información sobre su ejecución presupuestaria.
