El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el que ya se ha conocido como decreto antidéficit. Aunque los detalles del mismo se conocerán en la rueda de prensa posterior al Consejo, ya se sabe que articulará al menos dos grandes medidas: la racionalización del gastos farmaceútico y la reforma del impuesto de sociedades.
La reforma de dicho impuesto afectará directamente a las grandes empresa, y salvo que las pymes prefieran acogerse a la reforma, podrán seguir tributándolo como hasta ahora lo venían haciendo. La idea es que las empresas de mayor dimensión incrementen los pagos a cuenta de este impuesto, lo que permitiría al Estado ingresar unos 2.500 millones de euros. No se trata, pues, de que las empresas paguen más (el tipo de tributación no se va a tocar), sino de que lo hagan antes.
Actualmente, las empresas tienen la obligación de realizar tres pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades durante el ejercicio fiscal y lo hacen en los meses de abril, octubre y diciembre de cada año. Se trata de pagos a cuenta, que se compensan una vez que se liquida el impuesto (esto se hace entre el 1 y el 25 de julio de cada año para las empresas cuyo ejercicio fiscal es el año natural).
Las empresas tienen dos formas de realizar estos pagos fraccionados: aplicando un porcentaje del 18% sobre la cuota íntegra del último Impuesto de Sociedades declarado o en base a los resultados que están teniendo durante el ejercicio. En este último caso, el porcentaje a pagar es de cinco séptimos del tipo impositivo correspondiente, por lo que con un tipo de tributación del 30%, el porcentaje a aplicar sería del 21%.
Las pequeñas empresas pueden optar por cualquiera de los dos métodos, pero las grandes empresas sólo pueden recurrir a la segunda opción.
En una reciente entrevista con Europa Press, la ministra Salgado ha indicado que el Gobierno quiere que estos cambios en el impuesto se mantengan en vigor durante el periodo de ajuste del déficit, es decir, tres años, hasta 2013.
Este cambio que introducirá el Ejecutivo en esta figura tributaria no ha gustado mucho a algunos sectores, especialmente a la patronal CEOE, que considera que anticipar el pago de este impuesto «restaría capacidad financiera a las empresas» y les dificultaría aún más sus esfuerzos por superar los efectos de la crisis en un momento en el que además escasea el crédito.
