Una de las primeras «patatas calientes» con las que tendrá que lidiar el nuevo Gobierno del PP es el de la subida de la luz en enero. El sector eléctrico ya ha advertido que la Tarifa de Último Recurso (TUR) debería subir en más de un 12% para evitar que el sistema «siga siendo deficitario».
El cálculo parte por un lado de que la variable que condiciona la mitad de la TUR, correspondiente a los costes regulados, debe subir entre el 20% y el 25% en enero para que en 2012 el déficit de tarifa se sitúe por debajo del tope legal de 1.500 millones para el ejercicio.
Por otro lado, el coste de la energía, que marca la otra mitad de la tarifa, registrará previsiblemente un ligero encarecimiento en la subasta entre comercializadoras de último recurso del próximo 20 de diciembre. De esta forma, la subida de los peajes que recogen los costes regulados supondría una presión al alza sobre el recibo de entre el 10% y el 12,5% que difícilmente quedará mitigada por el otro componente de la tarifa, el del coste de la energía.
La subida de la TUR en enero permitiría no solo equilibrar el sistema, sino compensar la bajada de peajes del 12% aplicada por el Ministerio de Industria en octubre con el objetivo de forzar una congelación de la tarifa de luz. Esta medida se encuentra recurrida por las eléctricas en los tribunales.
El nuevo Ejecutivo deberá gestionar a partir de ahora un sistema eléctrico que acumula un déficit de 20.000 millones de euros, 9.125 millones de ellos titulizados en los mercados de deuda, y que al menos hasta 2013 no será capaz de cubrir sus costes. Las opciones del PP pasan por elevar los ingresos del sistema mediante subidas de tarifas o por reducir los costes, entre los que figuran los incentivos al carbón, las primas a las renovables o los pagos por capacidad para el gas.
Las eléctricas abogan por trasladar las primas a las renovables a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y por paralizar los nuevos proyectos solares para evitar que aumente esta partida de incentivos. Además, piden que las tecnologías ‘verdes’ se financien con los ingresos de las subastas de CO2.
