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Lunes, 26 Septiembre 2022

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Hacienda da la voz de alarma sobre el «Las Vegas» madrileño

No es ningún secreto que Esperanza Aguirre está encantada con que Madrid se convierta en unos años en una pequeña réplica de «Las Vegas». Su sueño es construir un macrocomplejo de juego que incluiría casinos, hoteles y servicios asociados. El problema radica en la elección de su «compañero de viaje» para esta aventura en el mundo del azar.

Sheldon Adelson, responsable de la explosión de Macao como paraíso de jugadores de todo el mundo estaría detrás de la operación. El problema es que las condiciones que exige el magnate del juego para su sede española son cuanto menos peregrinas.

De hecho según han denunciado los Técnicos de Hacienda (GESTHA), la aprobación de este complejo supondría la creación de un «auténtico paraíso fiscal en el corazón de España», ya que generaría un régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles de la administración tributaria.

En su denuncia GESTHA alerta de la posible creación de una zona franca que iría incluso más allá de lo puramente económico, ya que por ejemplo, Adelson exige no estar sujeto a las reglas del Estauto de los Trabajadores.  Además, los técnicos de hacienda subrayaron que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro en los casinos, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones.

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Por si esto no fuera suficiente, la tributación que pretende aplicar el magnate del juego Sheldon Adelson a los trabajadores impatriados supondría recuperar la polémica ‘Ley Beckham’, lo que unido a las exenciones del pago de las cuotas a la Seguridad Social y otros impuestos, evitaría que el proyecto revirtiese en unos ingresos claros para las administraciones tributarias españolas.

Asimismo, el colectivo denunció que el planteamiento defendido por el grupo inversor atentaría contra el principio constitucional de equidad fiscal y supondría un agravio comparativo para el resto de empresas que operan en España y que en estos momentos de crisis también necesitarían de esos incentivos para salir adelante.

 

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