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Domingo, 24 Octubre 2021

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Continúa la falta de implicación pública con la factura electrónica

Continúa la falta de implicación pública con la factura electrónica

Desde el pasado día 15 de enero, todas las empresas que proveen en España productos o servicios a cualquier administración pública están obligadas a emitir su facturas en formato Facturae. Sin embargo, son muchas las dudas y las lagunas de información que están acompañando su puesta en marcha, creando malestar e inquietud en muchas empresas.

De acuerdo con SERES, uno de los operadores globales de factura electrónica, “No existe una fuente donde se informe, oficialmente y de manera clara y precisa, de todos los puntos de entrada operativos, lo que supone una dificultad añadida para las empresas. Esta información resulta especialmente crítica para los proveedores que trabajen con las administraciones locales”.

En paralelo, según SERES, la solución gratuita que ofrece el Ministerio para la emisión de Facturae no permite una gestión automática y ágil de las facturas y está teniendo problemas de conexión con FACe. Además, no conecta con los otros puntos de entrada de la administración autonómica y local que ya están en funcionamiento.

En este escenario la AGE se ha vista obligada a realizar una comunicación interna aclaratoria en la que se señala, entre otros temas, que la nueva norma afecta sólo a las facturas en sentido estricto, dado que la Ley “no alcanza a otros documentos justificativos de otros gastos u obligaciones”. Asimismo recuerda que es obligatorio hacerlo desde el 15 de enero de este año para las facturas que se emitan a partir de esa fecha “con independencia de la fecha de los contratos o relaciones jurídicas” heredadas. Y señala que, si no se emiten las facturas en formato electrónico no se contabilizan para su pago.

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En caso de no cumplirse puede conllevar multas de hasta 10.000 euros, las facturas que superen los 5.000 euros deberán enviarse a través de la plataforma FACE.

La ley establece un modelo único de factura electrónica en toda la administración, el denominado modelo E, al que deberán adaptarse tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas para el pago a sus proveedores. Las versiones de factura electrónica adaptadas para trabajar con centros administrativos son las versiones 3.2. y 3.2.1.

 

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