Un nuevo informe realizado por la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme, referido a la morosidad empresarial, revela que Extremadura, Murcia y Madrid son las regiones más morosas. En el lado opuesto, Aragón, Castilla y León, Islas Baleares y Cantabria.
En concreto, la comunidad autónoma extremeña supera en 41 días el plazo legal fijado para el pago de las facturas, situado en 60 días. Por su parte, las empresas murcianas y madrileñas lo sobrepasan en un mes. Andalucía, Islas Canarias, La Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia, pagan con un retraso superior a los 20 días.
Aragón es la que mejor abona, eso sí, sin cumplir, y lo hace con una demora de 13 días. Le sigue Castilla y León (14 días), Islas Baleares y Cantabria, ambas con 15 días. Cataluña, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco (16 días) y Castilla-La Mancha, con 17.
Los impagos son hoy una de las principales causas de quiebra de negocios. Desde que comenzó la crisis, 900.000 empresas han echado el cierre. Según Cepyme, el 44% del total de las empresas declara tener facturas pendientes de cobro y este porcentaje se eleva hasta el 90% en el caso de las medianas empresas. Un 8,7% de éstas considera que más del 10% de su facturación no lo cobrarán nunca. Este nivel de facturas impagadas condena a la mayoría de los negocios afectados a la suspensión de pagos.
Por sectores, la distribución alimentaria, el agrícola y el químico son los que mejores condiciones disfrutan en el cobro. En el lado opuesto, el textil y la construcción son los que más sufren la dilación en los cobros.
Pero, no sólo el incumplimiento viene por parte de las empresas, especialmente las de mayor tamaño, también desde la propia Administración. La ley fija en 30 días el plazo máximo que tiene el sector público para abonar las facturas. Un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad señala que el Estado tarda 82 días (hay otros informes que lo cuantifican hasta en 154 días), lo que supone un retraso de casi dos meses.
