Hacienda sigue su cruzada contra el fraude tributario. Tras declarar la guerra a los falsos autónomos y al trabajo a tiempo parcial, esta semana ha puesto su punto de mira en las criptomonedas y la software de doble uso que algunas empresas utilizan para falsear su contabilidad.
Como ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Hacienda mejorará la información que tiene sobre las criptomenedas mediante una nueva obligación fiscal para identificar a los titulares y los beneficiaciarios de estos medios de pago, así como los saldos correspondientes.
Asimismo, se obligará a quienes realicen operaciones con estas monedas virtuales a que informen sobre esta operativa y quienes tengan este tipo de monedas en el exterior también deberán informar de ellas en la declaración de bienes del extranjero.
El plan antifraude, que permitirá recaudar 850 millones de euros, también contempla la prohibición de los llamados «software de doble uso», que permiten manipular la contabilidad de las empresas.
Para ello, se prohibirá la producción, tenencia y comercialización de estos programas informáticos, por lo que el fabricante o comercializador podrá ser sancionado con una multa de hasta 150.000 euros por cada ejercicio en el que haya distribuido dichos programas.
El proyecto de ley de lucha contra el fraude también prohíbe las amnistías fiscales para, según Montero, evitar una situación tan «vergonzosa e injusta» como la amnistía aprobada por el Gobierno del PP en 2012. «Es un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y supone una derrota para la consolidación del estado de bienestar», subrayó.
Asimismo, se amplía el concepto de paraíso fiscal para incorporar a la lista no sólo con aquellos territorios de baja o nula tributación, sino también aquellos estados que no faciliten el intercambio de información y la colaboración con otros países, o que se caractericen por su opacidad o falta de transparencia.
En la lista de morosos con Hacienda se incluirán también a los responsables solidarios y se reduce el umbral para aparecer en dicha lista hasta los 600.000 euros desde el millón actual, al tiempo que se limita a 1.000 euros el pago en efectivo entre profesionales desde los 2.500 euros actuales.
La transposición de la directiva europea antielusión para asegurar que las multinacionales tributen en los países donde tienen actividad y generan valor o el refuerzo del control de la actividad del juego, especialmente en el caso de las apuestas deportivas, son otras de las medidas incluidas en el plan antifraude. Así, Montero anunció que se elaborará una «lista negra» con las páginas web de apuestas no autorizadas.
