El auge del emprendimiento tecnológico en nuestro país ha traído consigo un ecosistema vibrante de innovación, pero también una creciente exposición a amenazas jurídicas desconocidas para muchos fundadores. Las startups, centradas en la captación de inversión y la progresión, suelen relegar la gestión y asesoramiento penal a un segundo plano, confiando en que el cumplimiento normativo básico sea suficiente. Sin embargo, la sofisticación de los delitos tecnológicos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas han transformado el panorama actual.
Así, en un entorno en el que la innovación y la velocidad de ejecución marcan la diferencia entre liderar o desaparecer, muchas startups tecnológicas están descuidando un flanco crítico: su protección penal y jurídica. «Cada semana atendemos casos de startups que han crecido exponencialmente sin contar con una estructura legal adaptada a su realidad digital. Cuando acuden a nosotros, en algunos escenarios, ya están atrapadas en situaciones penales complejas que podrían haberse evitado con una mínima previsión«, explica Fran Peláez, socio director de PenalTech.
Desde este despacho de abogados especializado en la prevención y defensa penal corporativa para empresas tecnológicas alertan de un incremento preocupante de riesgos legales invisibles que podrían comprometer la supervivencia de proyectos empresariales con gran potencial.
Fugas de datos no detectadas
En primer lugar, uno de estos riesgos más frecuentes -y a menudo subestimados- son las fugas de datos no detectadas. En el ecosistema tecnológico, donde la información es el principal activo, una brecha de seguridad no gestionada a tiempo puede derivar en responsabilidades penales por imprudencia grave o incluso en acusaciones de omisión de medidas de protección. «Nos encontramos con algunas empresas que manejan miles de datos personales a diario sin contar con protocolos internos de detección y respuesta ante incidentes. Una filtración que se ignora o se comunica tarde no solo destruye la confianza de los clientes, sino que puede conllevar sanciones penales y administrativas de gran impacto”, advierte Peláez.
Desde el despacho de abogados insisten en que la prevención penal en materia de ciberseguridad ya no es opcional. El propio jurista recuerda que la legislación española y europea ha evolucionado hacia un modelo en el que la empresa debe demostrar que ha hecho todo lo posible por evitar un delito informático. «Y eso solo se logra con asesoramiento especializado y una trazabilidad jurídica de las decisiones técnicas», apunta el experto.
Otro de los errores comunes en startups tecnológicas es la firma de contratos sin blindaje penal, especialmente en acuerdos con proveedores, inversores o socios estratégicos. En muchos casos, las cláusulas de responsabilidad se centran en aspectos mercantiles o civiles, dejando completamente desprotegida la vertiente penal. «Un contrato mal diseñado puede convertir a la empresa en responsable subsidiaria de actos cometidos por terceros, desde el uso indebido de datos hasta infracciones de propiedad intelectual. No se trata solo de reclamar daños económicos, sino de evitar que los administradores acaben imputados en un procedimiento penal», subraya el socio director.
Los especialistas en la materia proponen una revisión sistemática de los contratos más sensibles, incorporando cláusulas de exoneración penal, mecanismos de auditoría de cumplimiento y protocolos internos de verificación. «Blindar jurídicamente los acuerdos es tan importante como desarrollar un producto sólido o captar inversión», añade el abogado.
El tercer gran foco de vulnerabilidad detectado por la firma jurídica tiene que ver con la falta de control sobre asesores externos: consultoras tecnológicas, agencias de marketing o partners internacionales que operan bajo el nombre e identidad de la startup sin mecanismos de supervisión jurídica. «Es un error muy habitual pensar que la responsabilidad penal recae exclusivamente sobre quien ejecuta la acción. En realidad, la empresa contratante puede ser considerada responsable si no ha establecido controles suficientes sobre sus colaboradores”, explica Peláez.
En algunos casos, errores ínfimos de un proveedor de software, campañas publicitarias con uso indebido de datos o fraudes en la gestión de fondos públicos han terminado con la startup en el centro de un proceso penal. «La externalización sin control penal es una trampa silenciosa ya que parece una decisión eficiente, pero puede tener un coste devastador”, añade el socio director.
Para los expertos, la clave reside en promover una cultura de prevención penal dentro del ecosistema emprendedor. El talento y la innovación siguen siendo imprescindibles, pero la sostenibilidad jurídica lo es aún más. «Ningún inversor serio quiere participar en una empresa con riesgos penales latentes. La prevención legal no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica”, concluye Peláez.
