Después de hablar mucho de la llegada de Verifactu, hoy se da el pistoletazo de salida, o lo que es lo mismo, entra en vigor el reglamento técnico que regula los sistemas de emisión de facturas verificables, un hito dentro del nuevo marco legal antifraude impulsado por la Agencia Tributaria.
Es importante aclarar que la obligatoriedad del mismo irá por tramos; es decir, que para empresas y autónomos se aplicará en 2026, pero a partir de hoy, el reglamento sí impone obligaciones concretas y exigibles a los fabricantes y desarrolladores de soluciones informáticas de facturación. Dada su importancia y que es un tema que tendrá un largo recorrido, desde MuyPymes inauguramos una nueva sección, eFactura Blog, donde iremos colgando las últimas noticias sobre Verifactu, primero y Crea y Crece, cuanto entre en vigor. Se trata de una importante pata del ecosistema de MuyPymes: eFactura Connect, una plataforma de marketing donde no solamente daremos información, sino que realizaremos entrevistas, webinars, eventos con público y todo aquello que necesiten nuestros usuarios para estar al día de esta importante medida legal.
Recordemos que VeriFactu —acrónimo de “Factura Verificable”— es un sistema desarrollado por la Agencia Tributaria que permitirá el envío automático de las facturas emitidas por empresas y profesionales directamente a Hacienda. La idea es simple pero poderosa: toda factura generada debe ser inalterable, estar firmada digitalmente y, en caso de que el usuario lo decida, enviarse en tiempo real a los servidores de la Agencia Tributaria. Este mecanismo permitirá prevenir manipulaciones y garantizar la integridad de la contabilidad, contribuyendo a reducir significativamente el fraude fiscal.
Obligaciones inmediatas para el sector tecnológico
Como hemos dicho, a partir de hoy los fabricantes de programas de facturación están legalmente obligados a adaptar sus sistemas al nuevo reglamento técnico. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar la inmutabilidad de los datos una vez generados, implementar un sistema de encadenamiento mediante hash (que asegura la trazabilidad de cada factura) y permitir la generación de un registro de alta fiabilidad, denominado Registro de Facturación.
Además, los desarrolladores deben ofrecer la opción de envío automático al sistema de Hacienda e impedir cualquier alteración de los registros, algo que pone fin a los conocidos “softwares de doble uso”, diseñados precisamente para permitir manipulaciones contables encubiertas. Las soluciones informáticas que no cumplan con estos requisitos no podrán comercializarse legalmente en el mercado español, y su uso podrá ser sancionado tanto para el fabricante como para el empresario que las utilice.
La norma también exige que todos los sistemas incluyan una funcionalidad que permita al usuario generar de forma sencilla un informe legible por la Agencia Tributaria. Esta herramienta servirá de respaldo en inspecciones, permitiendo contrastar lo declarado con los registros reales. Los fabricantes deben, por tanto, no solo adaptar sus productos actuales, sino también revisar sus contratos de mantenimiento, sus sistemas de soporte y su documentación técnica.
El sector se pone en marcha, entre presión y oportunidades
Desde el anuncio del reglamento, muchas empresas del sector tecnológico han intensificado sus esfuerzos para cumplir con los nuevos estándares. Sin embargo, voces dentro del sector alertan del desafío que supone esta transformación, especialmente para pequeñas empresas desarrolladoras que operan con recursos limitados. “Se trata de un cambio estructural que exige rediseñar productos enteros y formar a los equipos técnicos en normativas fiscales”, explican desde el sector.
A pesar de las complicaciones iniciales, otros actores ven la normativa como una oportunidad para diferenciarse. Las soluciones certificadas como compatibles con VeriFactu podrán posicionarse como seguras y confiables, algo que muchas empresas valorarán de cara a futuras inspecciones. Se espera también un auge en la demanda de servicios de consultoría y adaptación de sistemas de facturación ya implantados.
VeriFactu y la lucha contra el software fraudulento: la operación Amperio
La entrada en vigor del reglamento técnico de VeriFactu no es un movimiento aislado, sino la respuesta directa a años de preocupación por parte de la Agencia Tributaria ante el uso de software de doble uso, es decir, programas diseñados para manipular o eliminar registros de facturación de manera encubierta. Esta preocupación cristalizó en la Operación Amperio, una de las mayores ofensivas contra el fraude informático en España.
La Operación Amperio fue lanzada a nivel nacional en los últimos años y ha tenido un fuerte impacto mediático. En ella, la Agencia Tributaria investigó a decenas de empresas proveedoras de software que ofrecían, junto a sus programas de facturación, funcionalidades ocultas que permitían borrar ventas, emitir facturas paralelas o modificar registros sin dejar huella. Las actuaciones se llevaron a cabo en múltiples comunidades autónomas e incluyeron registros, incautación de ordenadores, análisis forense de bases de datos y detención de responsables técnicos.
Las autoridades detectaron casos en los que las aplicaciones ofrecían “modos ocultos” de operación, contraseñas especiales para acceder a funciones ilegales o incluso interfaces de usuario duplicadas: una para la contabilidad real y otra para mostrar ante Hacienda. La existencia de estas herramientas ha sido una de las razones clave para acelerar la implantación de un sistema como VeriFactu, que impide por diseño este tipo de prácticas.
Gracias a esta operación, no solo se ha desmantelado parte del mercado de software fraudulento, sino que también se han impulsado reformas legales que ahora permiten sancionar no solo a los usuarios, sino también a quienes diseñan, desarrollan o distribuyen estos programas. El reglamento técnico que entra en vigor mañana es el primer gran paso en ese nuevo marco legal.
Desde Hacienda, se insiste en que la implementación de VeriFactu no busca solo el control, sino la modernización y eficiencia del sistema fiscal. “No es una cuestión de desconfianza, sino de justicia tributaria y competencia leal”, indican. A medida que los fabricantes se adapten y el sistema se consolide, será cada vez más difícil ocultar operaciones o mantener contabilidades paralelas, garantizando así una mayor equidad fiscal.
