La factura electrónica en Europa acaba de entrar en una nueva fase. Con la aprobación definitiva de ViDA (VAT in the Digital Age) en marzo de 2025, la Unión Europea ha trazado una hoja de ruta ambiciosa para transformar por completo la gestión del IVA en el entorno digital. El objetivo no es menor: reducir el fraude fiscal, agilizar el comercio intracomunitario y cerrar una brecha que, solo en 2022, supuso unas pérdidas de 89.000 millones de euros para los gobiernos europeos.
El calendario ya está marcado. A partir de 2030, todas las transacciones B2B transfronterizas dentro de la UE deberán gestionarse mediante factura electrónica obligatoria y sistemas de reporte en tiempo real. Y en 2035, todos los Estados miembros tendrán que haber adaptado sus sistemas nacionales al estándar europeo común.
Sobre el papel, la medida representa un paso lógico hacia un mercado digital unificado. En la práctica, sin embargo, abre un escenario complejo para países como España, que llevan años desarrollando sus propios modelos nacionales de control fiscal.
España avanza… pero en una dirección distinta
España ha sido uno de los países europeos más activos en materia de digitalización tributaria. Herramientas como el SII (Suministro Inmediato de Información), Verifactu o TicketBAI han convertido al país en un referente en control fiscal y trazabilidad de operaciones.
El problema es que gran parte de esa arquitectura se ha construido bajo una lógica altamente centralizada y muy enfocada al control nacional, mientras que ViDA apuesta por una visión más interoperable y homogénea a escala europea.
Aquí aparece una de las grandes preocupaciones del sector tecnológico y fiscal: ¿hasta qué punto los sistemas españoles son compatibles con el modelo europeo que se avecina?
Mientras países como Bélgica o varias economías nórdicas han apostado por infraestructuras basadas en Peppol —una red abierta y estandarizada que facilita el intercambio internacional de documentos electrónicos— España ha desarrollado soluciones más cerradas y específicas para su propio ecosistema tributario.
Esto significa que algunos países europeos podrán adaptar ViDA sobre plataformas que ya utilizan hoy, mientras que España podría verse obligada a afrontar una transformación mucho más profunda y costosa.
El reto de la interoperabilidad
La situación se vuelve aún más compleja con la entrada en juego de la Ley Crea y Crece. La normativa española, que impulsa la factura electrónica obligatoria entre empresas y autónomos, insiste en la necesidad de garantizar la interoperabilidad entre plataformas y proveedores tecnológicos.
Sin embargo, uno de los principales puntos críticos es que todavía no existe una definición clara sobre cómo debe funcionar esa interoperabilidad en la práctica.
El modelo español vuelve a apoyarse en un servicio público centralizado como mecanismo principal de distribución e intercambio de facturas, algo que contrasta con la filosofía descentralizada y estandarizada que impulsa ViDA a nivel europeo.
Para muchos expertos, esta dualidad puede generar problemas importantes en los próximos años. Las empresas tecnológicas, los desarrolladores de software de gestión y los proveedores de facturación electrónica podrían verse obligados a adaptarse simultáneamente a dos modelos distintos: uno nacional y otro europeo.
Más allá del componente regulatorio, ViDA también tendrá un fuerte impacto empresarial y tecnológico. La factura electrónica dejará de ser simplemente una obligación administrativa para convertirse en una infraestructura estratégica para operar dentro del mercado europeo.
Esto abre nuevas oportunidades para proveedores especializados en automatización fiscal, ERP, compliance y plataformas de intercambio documental. También puede acelerar la consolidación de estándares europeos comunes y favorecer el crecimiento de redes interoperables como Peppol.
En paralelo, muchas pymes españolas podrían enfrentarse a un escenario especialmente complejo. Después de años adaptándose a Verifactu, TicketBAI o la futura factura electrónica obligatoria derivada de la Ley Crea y Crece, el horizonte europeo podría obligarlas a realizar nuevas inversiones tecnológicas antes incluso de haber amortizado las actuales.
Aunque 2030 y 2035 parecen fechas lejanas, el desafío ya está encima de la mesa. Las decisiones tecnológicas que se tomen hoy condicionarán la capacidad de adaptación futura de empresas, proveedores y administraciones.
España parte con ventaja en experiencia de control fiscal digital, pero la gran incógnita es si podrá evolucionar desde un modelo centrado en la supervisión nacional hacia otro plenamente interoperable a escala europea. Porque la factura electrónica ya no va solo de digitalizar documentos. Ahora también va de hablar el mismo idioma en toda Europa.
