Casi 40.000 empresas y autónomos, pese a las muchas dificultades que están atravesando, evitan solicitar el concurso de acreedores cada trimestre. Así lo manifiesta el Registro de Economista Forenses (REFOR), que asegura que pese a que estas entidades son prácticamente insolventes, hacen lo posible por no recurrir a la Ley Concursal.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 5.750 sociedades y particulares se acogieron el año pasado al concurso de acreedores, frente a las 300.000 sociedades y autónomos que dejaron de operar o tuvieron dificultades, de acuerdo a los datos del Banco de España.
El presidente del REFOR aseguró que esas cifras de cierre de actividades sin acogerse a las posibilidades que ofrece la Ley Concursal suponen unas pérdidas de 10.000 millones de euros.
«La inmensa mayoría de insolvencias y crisis empresariales se resuelven por muerte o desaparición de las sociedades o por su inclusión en la economía sumergida», afirmó Leopoldo Pons, que reclamó una norma que regule los incumplimientos contractuales, que a su juicio «es absolutamente esencial para obtener un mercado competitivo».
Durante el encuentro, Leopoldo Pons criticó que la reforma de la Ley Concursal, que actualmente tramita el Parlamento, no ha cambiado el modelo para intentar fomentar la viabilidad de las empresas, pese a los fracasos registrados hasta el momento.
También denunció que no se ha modificado la regulación de los concursos de acreedores de particulares, pese a las recomendaciones que hizo oficialmente en febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las peticiones de numerosos expertos.
