La mayor partes de los trámites con la Administración ya se pueden tramitar en la Red. Según Manuel Chaves, ministro de Política Territorial, más de 2.300 procedimientos y servicios de la Administración General del Estado están adaptados a la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, aprobada en 2007, y pueden realizarse ya por medios electrónicos, lo que supone aproximadamente el 90 por ciento del total y un 99 por ciento de la tramitación global anual.
Chaves destaca el impulso que ha experimentado la firma electrrónica, y el incremento de certificados digitales. Así, a finales de 2010 se habían expedido más de dos millones de certificados a personas físicas y 400.000 a entidades jurídicas, aunque, según señala el Ejecutivo, su uso está «bastante más extendido entre las grandes empresas que entre pymes, autónomos y ciudadanos en general».
Además, otros ejemplos de la digitalización de la relación entre el ciudadano y la Administración es el uso del DNI electrónico, la notificación electrónica que usan organismos de la Administración como Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico y la Seguridad Social, con un ahorro que el ejecutivo cifra en 100 millones de euros al año, o el uso de Internet para presentar la declaración de la renta.
Así, actualmente, existen ya más de 24 millones de DNI electrónico y la previsión es alcanzar a toda la población en 2015, mientras que una de cada dos declaraciones de la Renta se presentó este año por medios telemáticos, un 15 por ciento más que el año pasado. Asimismo, el servicio 060 de atención al ciudadano, ya sea en sus ventanillas virtuales o en la atención telefónica, gana actividad.
Estas cifras colocan a España entre los diez países del mundo más avanzados en este ámbito, y el quinto a escala europea, según datos de la ONU y la UE recogidos en el informe presentado este viernes que se plasmarán próximamente en una estrategia con un horizonte de actuación hasta el año 2015.
En concreto, uno de los objetivos del Gobierno es reforzar el compromiso de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con la Administración telemática, y mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos.
