Desconocida para muchos pero obligatoria para todas las empresas y autónomos, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal –ya conocida con las siglas LOPD– establece una serie de exigencias a aquellas empresas, profesionales y administraciones públicas que sean titulares de datos de carácter personal. Si bien en los últimos tiempos está citándose mucho en medios de comunicación y entornos laborales y empresariales, su operativa sigue siendo una incógnita para una gran mayoría.

Una clara muestra de ello es el dato facilitado por la Asociación Profesional de la Privacidad de Castilla La Mancha, que confirma como el 95% de las pymes incumplen esta Ley y con faltas catalogadas como graves o muy graves según el baremo que establece la LOPD.Concretamente, el 70% de las infracciones cometidas están consideradas graves o muy graves, con sanciones que oscilan entre los 40.001 y los 300.000 euros y los 300.001 y los 600.000 euros respectivamente.

Estas cifras provienen de un estudio llevado a cabo por la citada asociación, para el cual se ha contado con la participación de 200 empresas ubicadas en Albacete. Las incidencias detectadas en la aplicación relativa a protección de datos de estas compañías podrian haber significado hasta seis millones de euros en multas, una cifra nada desdeñable, más cuando estamos en plena crisis.

Estos datos son extrapolables al conjunto del tejido empresarial español, según explica Paola Redecilla, experta en Derecho de Protección de datos de IMAdvisory: “Desgraciadamente no existe cultura de protección de datos y las empresas asumen unas contingencias muy elevadas que pueden llevarlas incluso a la quiebra”.

IMAdvisory es una de las muchas empresas que prestan servicio de auditoría a empresas en estas lides, consultoras que facilitan la tarea de adecuación de la LODP en todo tipo de actividades y sectores. La función que desarrollan es muy importante, puesto que el incumplimiento de esta ley conlleva importantes sanciones económicas. En la mayoría de las ocasiones, esas infracciones se producen como consecuencia de actuaciones negligentes ocasionadas por la falta de conocimiento de la normativa o por no haber adoptado las medidas impuestas por la misma. Y es que nunca se debe olvidar que el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento.