El Instituto de Crédito Oficial (ICO), pese a las reticencias del Ejecutivo, ha tenido que ejercer de banco público para ofrecer créditos directos a pymes y autónomos. Habitualmente, el ICO tan sólo hace de intermediario en las operaciones comerciales de los bancos con sus clientes y lo único que recibe es una comisión por su gestión. Dada la sequía de crédito, el pasado verano este organismo decidió abrir la línea ICO Directo, dirigida a financiar el circulante de pymes y autónomos.
En un principio, el máximo que se podía solicitar eran 200.000 euros por operación, aunque posteriormente se amplió a 600.000 euros, gracias al acuerdo alcanzado con las sociedades de garantía recíproca (SGR) para las empresas con más de un año de antigüedad. El presidente del ICO, José María Ayala, consideró durante la presentación de la línea que esta podría sufragar en torno a 70.000 operaciones por un importe medio de 30.000 euros, lo que ofrecía una estimación de fondos por valor de 2.500 millones para ese ejercicio.
Pero, el ICO apenas ha concedido 1.136 millones de las dos líneas de crédito directo abiertas a pymes, autónomos y municipios, lo que supone solo un 20% de los fondos disponibles (5.900). Los empresarios achacan el fracaso a los elevados intereses y garantías exigidas para la concesión de créditos.
Las empresas, sobre todo las más pequeñas, siguen encontrándose con muchos problemas para poder acceder al crédito. Según el Banco de España, en agosto las entidades financieras han concedido créditos por valor de 1,27 billones de euros, lo que supone un recorte de 33.000 millones respecto al mismo mes de 2010.
