El magistrado José Castro Aragón y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sospechan que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, y el socio de este, Diego Torres, utilizaron presuntamente varias sociedades para apoderarse de fondos públicos que recibía el Instituto Noos, fundación de la cual los dos fueron presidentes entre 2005 y 2006.

Según los autos del juez, se creó un entramado societario a través del cual se desviaban los fondos públicos y privados que recibía este instituto, cuya finalidad es la asesoría y gestión de mecenazgos deportivos. Para desviar el dinero se realizaban casos de autofacturación a precios desmesurados de servicios entre compañías familiares. Algunas pruebas de las irregularidades se obtuvieron tras el registro el pasado lunes de la sede de la fundación Noos y varios despachos en Barcelona, Palma y Valencia.

El Duque de Palma, que reside en Washington con la hija y los nietos del Rey, podría ser imputado hasta por cuatro delitos, según las fuentes de la investigación consultadas: malversación de caudales públicos, como cooperador necesario, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. De ser así, Urdangarín se enfrentaría a penas que superan los 15 años de prisión.

Los agentes policiales registraron también el lunes en la capital catalana la sede de Aizoon, una promotora inmobiliaria propiedad de Urdangarín y su esposa, a la que, presuntamente, se desvió una parte del dinero pagado por el Gobierno del PP balear.

De momento, La Casa real guarda silencio sepulcral, pero, según fuentes, la preocupación de Don Juan Carlos y su entorno es máxima. Sobre todo después de que la institución monárquica registrase en octubre, por primera vez en la historia, un suspenso (4,89 puntos) en valoración y confianza de los ciudadanos.