El colectivo de usuarios de servicios sociales ha crecido más de un 39% en los últimos años, debido a la crisis, hasta alcanzar a casi ocho millones de personas. El año pasado los presupuestos del Estado preveían contribuir a la atención de 6,5 millones de personas y finalmente dieron para colaborar con 6,7 millones. Con lo presupuestado ahora, el Gobierno calcula que solo alcanzaría para 3,4 millones de personas.
De este modo, prácticamente la mitad de los posibles beneficiarios quedarían enteramente a merced de los recursos autonómicos o municipales. La aportación del Estado para los servicios sociales municipales (10%) es mínima respecto a lo que ponen las comunidades (30%) y las corporaciones locales (60%). A pesar de ello, el ajuste de Rajoy obligará a un esfuerzo extra en los presupuestos autonómicos, municipales, y, posiblemente, el ciudadano tenga que aumentar su aportación para recibir un servicio como la ayuda a domicilio.
Estos 50 millones que ha presupuestado el Gobierno cubren apenas un 10% del total de la financiación para esta materia. Pero la rebaja preocupa en el sector también por el desempleo que podría ocasionar.
Tal y como apunta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez: «Hay que tener en cuenta que alrededor del 40% de lo que destina el Gobierno es para el capítulo de personal y un 57% para las prestaciones que se conceden. Si se dan menos prestaciones pueden producirse despidos, tanto entre los trabajadores precarios de las instituciones públicas, que lo son muchos de ellos, como en las empresas prestadoras de servicios, y la población quedará desatendida”,