Esta semana nos hacíamos eco de una noticia que afirmaba que «el 30% de los directivos justifican el soborno para conseguir un negocio». Siendo un titular preocupante, no supera en gravedad a lo que se concluye del análisis de la consultora antifraude España i2 Integrity: el 37% de los ciudadanos justifica la conducta defraudadora por la crisis.
Preguntados por el origen del fraude, el colectivo empresarial es, con diferencia, el sector donde los ciudadanos encuestados consideran que se produce un importante fraude (40%). Le siguen el colectivo de los profesionales (19%) y el de los autónomos (11%). Los ciudadanos manifiestan que los que menos defraudan son los asalariados (2%).
No obstante, la realidad es que esta percepción es bastante certera, ya que tres de cada cuatro euros defraudados se originan en empresas con más de 6 millones de facturación anual. Según la consultora, esta coyuntura se produce «porque el control es menos férreo o porque se cuentan con menos medidas de prevención y control».
A su vez, el 67% de los ciudadanos remacha que no encuentra justificación a la actividad fraudulenta, a pesar de que entre 6 y 8 de cada 10 empleados estarían dispuestos a cometer fraude en su empresa.
España ocupa el décimo puesto en el ranking mundial de fraude fiscal, donde las empresas españolas pierden el 5% de sus ingresos totales por culpa del fraude. Gertrudis Alarcón, directora general de i2 Integrity, argumenta que esta circunstancia se debe «al aumento de la economía sumergida» que se viene registrando durante los últimos años.
