La Comisión Europea ha «aconsejado» este miércoles a España que rebaje las cotizaciones sociales, compensando la pérdida de ingresos con un aumento del IVA, y que acelere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
En su informe sobre las reformas y los ajustes puestos en marcha por el Gobierno, el Ejecutivo comunitario concluye que todos ellos son pasos en la buena dirección pero que resultan todavía insuficientes para corregir los graves desequilibrios de la economía española.
«España tiene margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal desplazando los ingresos hacia los impuestos que crean menos distorsiones, como los que gravan el consumo (en particular el IVA)», señala el informe. El aumento del IVA, sugiere Bruselas, podría lograrse suprimiendo gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos. Los ingresos por IVA de España ascendieron al 5,5% del PIB en 2010, el porcentaje más bajo de toda la UE. Y el tipo normal del impuesto (18%) está entre los más bajos de los Estados miembros, según destaca la Comisión.
«Debido a la amplia aplicación del tipo reducido y el superreducido y a la cantidad de exenciones, el ingreso real por IVA alcanzó únicamente el 42% del nivel teóricamente posible», denuncia el Ejecutivo comunitario, que también lamenta la «falta de eficacia de las medidas para reducir el nivel de evasión del IVA».
En materia fiscal, Bruselas pide también al Gobierno que suprima la deducción por vivienda que acaba de reintroducir y recuerda que fue una de las causas de la burbuja inmobiliaria. Por lo que se refiere a las pensiones, la Comisión cree que la reforma aprobada en 2011 (que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y amplía en 10 años el periodo para calcular el importe de la pensión y que se aplica progresivamente hasta 2027) es un «paso importante» pero no suficiente.
En materia laboral, el Ejecutivo comunitario considera también insuficiente la reforma aprobada en febrero y critica que el coste del despido en los contratos fijos sigue siendo demasiado alto en comparación con los temporales, lo que no contribuye a reducir la segmentación del mercado de trabajo español.
Bruselas también reclama suprimir las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo, especialmente en materia de formación. En este sentido, el Gobierno debería también mejorar la calidad de la formación profesional y potenciar la lucha contra el abandono escolar.
