La polémica amnistía fiscal aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo está comenzando a ofrecer sus primeros resultados, que a todas luces son más que decepcionantes para los intereses del Ejecutivo. La medida pretendía hacer aflorar 2.500 millones de euros en 2012, pero lo cierto es que de momento se han recaudado poco más de 50 millones, lo que supone un 2% de lo esperado por la Agencia Tributaria.
La amnistía fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.
Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes Los contribuyentes pueden presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, y el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.
Así, para cumplir las expectativas fijadas, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en solo cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal.
Muchos son los expertos que han dudado de la efectividad de una medida de este tipo y han cuestionado incluso su legalidad. De hecho, el Partido Socialista presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.
De hecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha) cree que la reducida recaudación de la amnistía se debe a que los asesores están recomendado a sus clientes no acogerse a esta medida hasta que el Constitucional dicte sentencia.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado que la admisión a trámite del recurso «ha frustrado» las expectativas de la amnistía porque los que se acojan ahora podrían ser penalizados más adelante si la amnistía se declarara inconstitucional.
