Era un secreto a voces. La Comisión Europea, tras el rechazo de varios países, ha decidido echar marcha atrás en su propuesta de obligar a las empresas a incorporar un 40% de mujeres en sus órganos directivos.
La propuesta, que contaba con el impulso de la combativa comisaria de Justicia, Viviane Reding, no ha podido superar las reticencias de algunos miembros de la Unión, que abogan por avanzar en estos planes de igualdad de forma autónoma.
Reding deberá ahora modificar su propuesta para resolver los problemas legales y ajustarse al principio de subsidiariedad, y la cuestión volverá a discutirse el 14 de noviembre.
«No renunciaré», ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario en su cuenta de Twitter, asegurando que cuenta con el respaldo del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y que su propuesta ha sido meramente «retrasada».
Por otro lado, el servicio jurídico de la Comisión ha explicado que, según la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, una norma de la UE no puede imponer a los Estados miembros una obligación de resultados en términos de cuotas, sino que sólo puede fijar los medios para alcanzar determinados objetivos.
Tras constatar la división del colegio y las dudas del servicio jurídico, el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha decidido tomarse más tiempo para preparar esta propuesta y ha encargado a Reding que modifique su propuesta para que, manteniendo el objetivo de garantizar el equilibrio entre géneros en las empresas, se ajuste a la jurisprudencia, y respete el principio de subsidiariedad.
