A partir de hoy la nueva ley de Tasas Judiciales, establecida por el Gobierno de Mariano Rajoy, obliga a un trabajador a tener que pagar por denunciar su despido como improcedente. Se trata del llamado copago judicial, rechazado prácticamente por la totalidad de los estamentos jurídicos.
La ley como novedad fundamental implanta la obligación de pagar tasas judiciales para interponer determinados procedimientos a personas físicas y entidades sin ánimo de lucro. La Ley también generaliza la implantación de dichas tasas a las personas jurídicas con independencia de su volumen de facturación. De este modo, la norma aprobada trae como consecuencia inmediata que muchos ciudadanos sin capacidad adquisitiva tengan que renunciar a defender sus derechos por una cuestión puramente económica.
Sin duda, la implantación de la tasa en el ámbito laboral y especialmente en los procesos por despido, es el aspecto más criticable de esta ley, sobre todo teniendo en cuenta la precaria situación económica a la que se enfrenta un trabajador recién despedido.
FACUA advierte de que la aplicación de estas tasas es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de la Constitución Española. FACUA expone que con estas tasas van a darse situaciones tan aberrantes como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o para exigir la devolución de una factura telefónica de 80 euros.
Para la asociación, resulta indignante que los afectados por fraudes masivos como el de las participaciones preferentes vayan a tener ahora una barrera más que superar para poder recuperar su dinero. Por otro lado, FACUA alerta de que a la implantación de estas tasas excesivas se le une ahora la tramitación de una importante reforma del arbitraje de consumo que pretende revisar este sistema.
