España está entre los nueve Estados miembros que han incorporado la norma de la UE que le obligará a reducir de 140 días de media actual a 30 días el plazo que tienen todas las administraciones públicas para pagar a sus proveedores. La medida entrará en vigor el próximo 16 de marzo, aunque la Comisión Europea vigilará que se cumpla en la práctica, no sólo por parte de las autoridades españolas sino en todos los países de la UE.
«La directiva es particularmente importante en el actual clima de restricción de crédito para las pymes», ha explicado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly. «Cada semana en toda Europa, miles de pymes, incluso con buena salud, quiebran porque sus recibos no se pagan a tiempo. Y en algunos Estados miembros este fenómeno se ha convertido en una auténtica emergencia», ha resaltado.
De promedio, las administraciones públicas en Europa pagan sus facturas en un plazo de 61 días. «Pero si se mira por Estado miembro, hay grandes diferencias. Por ejemplo, en Francia son 52 días, en España y Portugal 140 días y más de 180 días en Italia y Grecia», ha dicho el portavoz.
Además de España, los países que ya han traspuesto la directiva son Chipre, Malta, Italia, Holanda, Irlanda, Eslovaquia, Bulgaria y Suecia. Bruselas está examinando ahora si la legislación nacional utilizada cumple los estándares que fija la norma de la UE.
