Las empresas que se declaran en concurso de acreedores tienen todas las posibilidades de acabar cerrando. Hasta en un 95% de los casos, las empresas que se acogen a esta modalidad, terminan por entrar en una fase de liquidación de todos los activos, según afirma el informe de PwC, «Temas candentes de los procesos concursales».
El documento pone de manifiesto la desconfianza hacia el sistema judicial, la estigmatización del empresario y una legislación que, en materia de insolvencias, parece percibirse como más protectora de los intereses de los deudores en detrimento de los acreedores.
Asimismo, si España se compara con Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, los datos muestran que se sitúa a la cola de Europa en la utilización del procedimiento concursal.
Según el informe, ante esta situación, las empresas intentan buscar soluciones «a la excesiva burocracia y duración de los procesos concursales, que provocan una tendencia a la ‘desjudicialización’ del tratamiento de los procesos de crisis empresariales.
Así, además de la lentitud de la Administración de Justicia, los empresarios se quejan de que siempre sean señalados como los culpables de la situación y de que, según ellos, se otorga un cierto trato de favor al deudor en contra de los intereses de los acreedores en el proceso concursal.
Por otra parte, el informe señala «la necesidad» de que las liquidaciones de activos de empresas en concurso sean «más ágiles», de modo que pueda maximizarse el valor de los activos.
