Retrasar el pago del IVA hasta que se cobrase de forma efectiva la factura. Esta era una de las medidas estrella que se aprobaron dentro de la Ley de Apoyo a Emprendedores que se anunció como solución a la mayoría de los males de pymes y autónomos. Pero tal y como cuentan en eldiario.es el resultado obtenido en este primer año, se ha situado muy lejos de las previsiones.
De los 2,3 millones de autónomos y pequeñas empresas que podían haberse acogido al conocido como IVA de Caja, únicamente 22.000 han decidido dar el paso. Esto quiere decir que el Gobierno que estimaba un coste inicial de la medida de 1.900 millones de euros, se ha encontrado con que únicamente ha dejado de ingresar 32 millones de euros, lo que sin lugar a dudas le ha servido para equilibrar las cuentas públicas.
Lo curioso de este tema es que el no pagar el IVA por las facturas no cobradas ha sido desde hace unos años una de las grandes reivindicaciones de las principales asociaciones de autónomos y pequeños empresarios. A finales de 2012, Lorenzo Amor, presidente de ATA (una de las organizaciones más beligerantes por esta causa) declaraba que “los autónomos siguen siendo la financiera del Estado obligándoles a tributar por un impuesto de unos trabajos que han realizado, de unos servicios que han prestado, de unos gastos que han realizado, de unas facturas que han emitido, que no han cobrado y que no saben cuándo van a cobrar”. Una declaración más de las que por esa época venían haciendo los principales perjudicados e interesados en que se aprobase la medida.
La presión fue tan intensa que una de las primeras promesas que realizó Rajoy al asumir su cargo fue precisamente esa, repitiendo una y otra vez que en cuanto fuese posible se pondría en marcha. Cuando finalmente se aprobó, entrado su aplicación en vigor en el ejercicio fiscal de este año, recibió la bendición de las principales asociaciones de autónomos que consideraron que era un paso en la buena dirección. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha pasado de ser la Ley más esperada a provocar la mayor de las indiferencias entre sus destinatarios?
El principal problema lo encontramos en las grandes empresas. A la mayoría no les interesa trabajar con empresas que se aplican el IVA de caja, ya que esto supone que no pueden deducírselo antes de pagar la factura, una práctica generalizada en muchas de ellas. La consecuencia natural es que tienden a discriminar, cuando no a «amenazar», a las empresas que emplean este sistema.
El segundo inconveniente es que como casi todo lo que pone en marcha la Administración española, su aplicación práctica es farragosa, rozando a menudo en lo incomprensible. El IVA de caja no es una excepción en este sentido. Acogerse al nuevo sistema supone trabajar son un doble registro tributario en los libros porque Hacienda pide registrar por separado las facturas cobradas en tiempo y forma y las pendientes de tramitación fiscal por una demora en el pago. Además, en estas últimas hay que consignar, por un parte, la fecha de emisión de la factura y, por otra, la de cobro, especificando además que la operación está sujeta al régimen de caja, lo que complica bastante todo el proceso.
