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Domingo, 13 Junio 2021

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Los taxistas acusan a Cabify de contratar a falsos autónomos

Cabify_Madrid

Los taxistas están decididos a luchar contra Cabify y Uber hasta el último aliento. Tras haber logrado sin éxito parar su actividad de forma cautelar en los tribunales, ahora presentan una nueva denuncia en la que acusan a la startup española de sustituir trabajadores por «falsos autónomos». La denuncia ha sido presentada por la patronal de taxistas Fedetaxi y cuenta con el apoyo del sindicato Comisiones Obreras, que acusa a Cabify de «dumping social».

Según los demandantes la empresa matriz de Cabify, Maxi Mobility Spain, S.L. controla una serie de sociedades distintas, todas con el objeto de prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros, con una matriz denominada Maxi Mobility Inc., que tributa en el estado estadounidense de Delaware, conocido por sus bajos impuestos a sociedades.

“El entramado de empresas de Cabify, presuntamente podría estar reclutando chóferes para ‘venderles’ (simulando la operación como cesión) la necesaria autorización de transporte para llevar a cabo la actividad de alquiler de vehículos con conductor y que como particulares no pueden conseguir, pero que Cabify sí habría conseguido obtener de la administración pública”, han argumentado los demandantes, según el comunicado que han emitido.

Fedetaxi y CCOO también han indicado que la prestación de servicios con Cabify, además de una comisión del 20-25% de cada servicio, vincularía supuestamente a los conductores a la adquisición de un vehículo, financiado por el banco BBVA. Según los sindicatos, Cabify da de alta a sus conductores “como falsos autónomos colaboradores de la red” y les asegura una retribución mensual mínima, “siempre que trabajen en exclusiva la aplicación durante al menos 60 horas por semana y la puntuación de los usuarios no baje de una media de 4,5 estrellas sobre un total de 5”.

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En caso contrario, según Fedetaxi y CCOO sus contratos serían resueltos “debiendo indemnizar los conductores a Cabify con cantidades que pueden llegar a los 18.000 euros”. Para Comisiones Obreras este sistema implica “un círculo de precariedad” para los conductores.

Ambas organizaciones han informado que esperaron un mes y medio pare ser recibidos por la Secretaría de Estado de Empleo y la Inspección Central de Trabajo, pero el encuentro fue cancelado “más de cinco ocasiones” con el pretexto de “otras ocupaciones”.

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