A menos que haya sorpresas de última hora, el consejo de ministros aprobará hoy reducir el límite de pago en efectivo hasta los 1.000 euros. El objetivo declarado del ejecutivo es luchar contra la economía sumergida y hacer aflorar todo ese dinero negro que muchos contribuyentes no han declarado.
Aunque algunos expertos cuestionan la efectividad real de la medida, lo cierto es que desde el Gobierno se hace hincapié sobre todo en la capacidad disuasoria que va a tener esta medida, además del trabajo de concienciación de la sociedad que la acompaña. Pese a ello, para el comercio, los argumentos que se esgrimen no son convincentes y ya ha pedido que se tome en cuenta la posibilidad de retrasar su aplicación.
En este sentido, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la Confederación Española de Comercio (CEC) han hecho un comunicado conjunto en el que consideran un error plantear la limitación de mil euros al pago en efectivo en plena Campaña de Navidad y critican que el Gobierno no haya consultado previamente a los sectores más afectados.
Los comerciantes advierten al respecto que el límite de mil euros supone una barrera al consumo y un nuevo coste de transacción, que prácticamente obliga a todos los ciudadanos a poseer una tarjeta.
Parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier consumidor que realice compras en el comercio, añaden.
Por último, sentencian que convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida en España, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad.
