España no dará su brazo a torcer. Lo ha confirmado el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, quien ha descartado que España se incorpore al sistema de patente comunitaria única porque, al no considerar el español una lengua oficial, discrimina a las empresas y plantea inseguridad jurídica.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, De Guindos ha afirmado que «hace falta un marco europeo de propiedad industrial que simplifique y reduzca los costes de obtener una patente», aunque ha rechazado el que actualmente ultiman una veintena de socios europeos.
El ministro ha recordado que el proyecto europeo de crear una patente comunitaria única en 2010 preveía que las solicitudes se pudieran presentar en cualquier idioma junto a una traducción en inglés, francés o alemán, una propuesta que fue rechazada por España e Italia «por el tema de la lengua».
Ante este retraso, Bruselas autorizó a veinticinco países miembros a establecer una cooperación reforzada para la patente unitaria, que actualmente está pendiente de ratificación.»España siempre ha apoyado la creación de un título comunitario de patentes», ha defendido De Guindos, pero «no podemos unirnos a este sistema».
El ministro ha explicado que al excluirse el español como lengua oficial «las empresas tendrían que traducir a una de las lenguas oficiales las solicitudes de patentes que realicen y además respetar patentes no traducidas al español».Este sistema «generaría una gran inseguridad jurídica», ya que las demandas sobre la validez de la patente de otro Estado miembro «solo podrán plantearse en la lengua de la solicitud» y los casos contra empresas españolas se desarrollarán en la lengua que elija el demandante.
Para el ministro, esto supone «una discriminación de nuestras empresas, especialmente las más pequeñas», lo que puede «conllevar una merma de la capacidad de innovación».»En cualquier caso», ha añadido, «las empresas españolas podrán hacer uso de este sistema cuando esté en vigor, lo mismo que las compañías de otros países».
Por su parte, la diputada socialista Patricia Blanquer ha instado al Gobierno a adherirse al sistema único de patentes, que puede suponer un «ahorro de 20.000 euros para quien pretende patentar en veintiséis países simultáneamente».»No consientan que las empresas innovadoras españolas pierdan competitividad por quedar fuera del sistema», ha subrayado
