Tres modificaciones en el decreto regulador de la calificación y el registro de las empresas de inserción de Andalucía dan un impulso a las compañías que contraten a personas en riesgo de exclusión. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha nuevas medidas con las cuales pretenden reducir trámites a la hora de llevar a cabo esas contrataciones, dotar de mayor participación a los servicios sociales de los entes locales y mejorar la consideración de las mujeres víctimas de violencia de género como beneficiarias de programas de generación de trabajo.
Lo primero que destaca es la supresión de la necesidad de aportar una auditoría anual por parte de estas enseñas. En segundo lugar se permite atribuir la competencia de acreditación de la situación de exclusión social de los beneficiarios a los servicios sociales de las entidades locales. Hasta ahora esto estaba en manos de la institución autonómica pertinente. Por último hay que reseñar que el concepto de víctimas de violencia de género se amplía. A partir de ahora, y de acuerdo con el Convenio del Consejo de Europa, se considerarán como tales a todas aquellas personas que convivan en un contexto que se valore como violento.
Se consideran empresas de inserción a aquellas sociales que tienen como objetivo favorecer la integración laboral de usuarios que están en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Estas han de inscribirse en un registro de la Junta de Andalucía para poder participar en las medidas que pongan en marcha desde el gobierno autonómico, imprescindible para beneficiarse de ayudas e incentivos. Entre las más recientes una que se convocó el pasado mes de julio con una dotación total de alrededor de dos millones de euros.
El objetivo de esa convocatoria es generar y mantener hasta 146 empleos. El presupuesto se destinará a sufragar las contrataciones y a fichar y mantener a personal técnico para labores de tutoría y mantenimiento de los usuarios del servicio.
