Las conocidas como plataformas de «economía colaborativa» empiezan a estar cada vez más cuestionadas por los sindicatos, que ven bajo la capa de modernidad y flexibilidad que parecen ofrecer, una nueva forma de precarizar el mundo del trabajo.
La última voz en criticar este nuevo modelo de negocio ha sido la de UGT. El sindicato ha denunciado que estas plataformas «mal encuadradas en lo que se denomina economía colaborativa», intentan revertir revertir avances laborales «que datan de decenas de años» y están provocando la precarización en el mercado laboral.
Por este motivo, la organización sindical que representa Pepe Álvarez ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos que «pongan coto» a las prácticas ilegales que estas plataformas están realizando y ha hecho un llamamiento a las empresas y patronales par que «utilicen el progreso tecnológico para fomentar «una verdadera prosperidad».
En España, cada día son más las personas que usan este tipo de servicios por los precios asequibles que ofrecen y por la flexibilidad, según las últimas estadísticas publicadas por la CNMC. En concreto, ya son más de 10,4 millones de españoles los que optan por estos servicios, aunque «sea a costa de sacrificar la calidad del servicio que reciben».
El sindicato cee que estas plataformas están amplificando el uso de la subcontratación progresiva a favor de una disminución de costes y de derechos laborales. Así, ha hecho hincapié en que las nuevas formas de «explotación laboral» nacidas de la transformación digital «buscan eludir la legislación laboral» y fomentan que los trabajadores cada vez sean «más pobres» y tengan vidas «más precarias».
Para UGT, la plataformización del trabajo supone «una precarización del ya laminado entorno laboral», que no se puede permitir y que no se debe consentir. «Reinventar e innovar no puede suponer precarizar sobre lo precarizado ni ahondar en el subempleo involuntario», ha recalcado el sindicato. La organización sindical cree que el nuevo empleo que surge de las plataformas digitales debe contribuir al sistema de protección social.
De hecho, también considera que las empresas que instalan sus negocios en estos mercados laborales deben tener en cuenta que son parte de un sistema «social, solidario y contributivo» y que «no son admisibles las excusas para escaparse de sus obligaciones sociales y económicas».
