martes , 20 noviembre 2018 Impresion Pyme
  • Airbnb le contará a Hacienda lo que sabe de ti

    Más regulación para Airbnb, HomeAway y tantas otras plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico.  El Gobierno aprobará hoy, en el último Consejo de Ministros de 2017, la normativa por la que estas plataformas deberán informar a la Agencia Tributaria sobre la actividad de sus clientes y propietarios de los inmuebles que se anuncien.

    Con esta nueva normativa, que entrará en vigor a partir del próximo mes de julio, se espera aumentar la transparencia de estas plataformas, además de mejorar el control tributario sobre los propietarios que anuncian sus viviendas.

    La nueva regulación conllevará la obligación de presentar informes periódicos, con el objetivo de que declaren “con más detalle” su actividad, en el marco de las actuaciones que viene realizando el Ministerio de Hacienda en los últimos años para reforzar la vigilancia sobre el alquiler vacacional

    La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la de las personas o entidades cesionarias.

    La Agencia Tributaria introdujo como novedad en la Campaña de la Renta de 2015 la advertencia al contribuyente sobre anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido Internet, y recordando que si se percibían ingresos por este concepto, se debía declararlos.

    El control sobre los alquileres no declarados es uno de los principales objetivos que cada año se marca la Agencia Tributaria.  Así, durante el pasado ejercicio la AEAT avisó a un total de 21.500 contribuyentes de que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble, y que, por tanto, tenían que incluir el dinero que hubiesen recibido por este concepto en su declaración.

    Exceltur, la principal patronal turística del sector,  ha expresado su “satisfacción” por la nueva obligación al considerar que se trata de “un paso muy importante en la erradicación de la opacidad fiscal y falta de cumplimiento de la normativa que regula los alojamientos turísticos”, con la que se ha venido desarrollando el alquiler turístico de viviendas en España.

     

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