El sistema de previsión social provoca que los trabajadores por cuenta propia tengan unas pensiones raquíticas, pese a que aportan al mes más dinero a la Seguridad Social que los funcionarios, que contribuyen la cuarta parte que los asalariados del sector.
La convivencia del RETA (Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos) con el Régimen General y con el sistema de mutuas provoca un desequilibrio que hace que las pensiones de los autónomos no alcancen la mitad de las del funcionariado.
Los trabajadores por cuenta propia cotizan entre el 26,5% y el 29,8% de su base, una especie de salario teórico que oscila entre 919,80 y 3.751,20 euros mensuales. Eso sitúa la cuota entre 243,74 y 1.117,85 euros, aunque el 85% de ellos aporta 275 al mes, que es la mínima con cobertura de baja. Eso supone pagar 3.289,20 euros anuales, que se elevan a 4.284 para los societarios, ya que operar a través de una sociedad unipersonal sale a 357 euros mensuales.
Los funcionarios, por el contrario, tienen una cotización (un 1,69% de la base por el trabajador y un 6,67 por la Administración) que oscila entre los 88,47 euros del grupo E y los 216,99 del A-1, cifras que multiplicadas en este caso por catorce pagas dan una horquilla anual de 1.238,58 a 3.307,86.
Es decir, que la aportación máxima de un trabajador público, salvo para los que accedieron a su puesto después de 2011, que han pasado al régimen general, y para los mutualistas voluntarios a partir del nivel C2, es inferior a la mínima de un autónomo. Y también difieren las prestaciones que reciben unos y otros, que provienen del mismo fondo.
Los autónomos jubilados recibieron el pasado mes de enero una pensión media de 716,25 euros, veinte euros por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Según denuncia UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) hasta un total de 903.243 de un total de 1.481.966 cobran pensiones inferiores a los 735,90 euros en que está ubicado el SMI.
“No podemos tener pensiones por debajo del salario mínimo, porque es literalmente imposible vivir con 600 euros, y menos cuando hoy, como consecuencia de la crisis, no todo el mundo llega a la jubilación con las cargas de la vivienda y la formación de los hijos superadas”, señala Eduardo Abad, esecretario general de UPTA.
Un sistema acumulativo calcula las pensiones de jubilación de los empleados públicos desde los primeros doce meses, Esto provoca que con salarios teóricos de 16.537 a 40.561 euros, superen los dos tercios de la base tras 25 años de servicio y alcancen el 100% a los 35.
Los asalariados del sector privado necesitan 15 años de cotización para recibir el 50% de la base como pensión, Existe la opción de llegar al 100 por cien tras otros veinte años. Por su parte, los autónomos que perciben como retiro un 60% de la base reguladora, necesitan haber trabajado un mínimo de veinte años para poder cobrar.
El desequilibrio de las mutuas
Buena parte de este desequilibrio está en el régimen de mutuas funcionariales, que tiene menores ingresos y mayores gastos y que fue instalado en 1926. El empleador aportaba cuotas menores de lo que le correspondería en el régimen general porque después asumía el pago de las prestaciones.
Un hipotético equilibrio con el régimen general supondría que las arcas públicas cuadriplicaran su aportación, que debería pasar del 6,67% a un 23,6% para contingencias comunes. El descuento en la nómina del trabajador, asimismo, ascendería del 1,69% al 4,70. No obstante, uno y otro se ahorrarían, respectivamente, el 5,5% y el 1,55% previsto para el desempleo.
Además, el traspaso de buena parte de los autónomos a las comunidades autónomas, especialmente en educación, sanidad y servicios sociales, provoca que el Estado tendría que financiar la diferencia en una hipotética equiparación.
El temor al desgaste político y sus consecuencias en las urnas y el elevado gasto económico hace que ningún Gobierno quiera coger el toro por los cuernos en este aspecto.
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