El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado que los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea, deberán beneficiarse de las mismas condiciones y cobrar el mismo sueldo que los trabajadores locales con el mismo empleo. La iniciativa plantea que se apliquen a los trabajadores desplazados todas las normas sobre remuneraciones de los países de acogida, tanto las fijadas en leyes como en convenios colectivos o sectoriales «representativos», precisó el PE en un comunicado.
Hasta el momento, los convenios solo se habían tenido en cuenta en el campo de la construcción. Además, los gastos de viaje y alojamiento deberá pagarlos el empleador y no podrán deducirse del sueldo del trabajador. Las empresas también estarán obligadas a garantizar que las condiciones del alojamiento sean «decentes» y acordes a las normas nacionales.
En cuanto a la duración del desplazamiento, deberá prolongarse como máximo hasta un año, con la posibilidad de extenderlo seis meses más. Tras ese tiempo, el empleado podrá permanecer y trabajar en el Estado miembro en el que se encontraba, pero se le aplicará toda la legislación laboral del país al que se ha trasladado.
En el caso de los desplazamientos fraudulentos como los realizados por firmas buzón, es decir, por filiales deslocalizadas, los Estados miembros tendrán que cooperar para garantizar que los empleados son protegidos, al menos, por las condiciones de la directiva aprobada este martes en el pleno del Parlamento.
En el sector de los transportes, uno de los puntos más conflictivos durante las negociaciones, seguirá aplicándose la regulación anterior, de 1996, hasta la entrada en vigor de la legislación específica de ese ámbito incluida en el paquete de movilidad. Los países del club comunitario tendrán ahora dos años para introducir estas normas en sus legislaciones nacionales y deberán aplicarlas al concluir ese plazo.
Según indicó la Eurocámara, en 2016 había 2,3 millones de asalariados desplazados en la UE y estos aumentaron un 69 % entre 2010 y 2016. La actual normativa, de 1996, permite que las empresas paguen a trabajadores desplazados, mayoritariamente de países del Este, un salario que no supere el sueldo mínimo del Estado de acogida, lo que genera diferencias con los trabajadores locales.
La revisión de las normas se ha prolongado durante años por la falta de consenso, ya que mientras algunos países apoyaban la reforma propuesta, como Francia, Alemania, Italia u Holanda, otros tenían reticencias, como España, Portugal, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.
