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Lunes, 15 Agosto 2022

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Menos del 7,5% de las licitaciones públicas terminan en manos de los autónomos y de las pymes

Menos del 7,5% de las licitaciones públicas acaban en manos de autónomos y pequeñas empresas. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierten de que las pequeñas empresas que tienen una facturación inferior al millón de euros solo han podido acceder a 709 millones de euros.

Esa es principalmente la razón por la que UPTA pide que se democraticen las licitaciones públicas, no sólo como un ejercicio de dinamización económica, también como una exigencia de transparencia en la contratación pública, según asegura Cinco Días.

A su juicio, los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas siguen siendo “meros espectadores en el tráfico mercantil de las licitaciones públicas”. Razón por la que informan de que cuando acceden a una contratación de este tipo, en la mayoría de los casos son “subcontratados” por empresas adjudicatarias que simplemente actúan como meras comisionistas, y que son, por tanto, las que obtienen la mayoría de los rendimientos económicos.

UPTA alerta que en estos casos, los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas se quedan “relegados” a realizar los trabajos en condiciones económicas “precarias y sufriendo una demora en el cobro de sus servicios de más de 60 días”.

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En cuanto a la distribución geográfica de las empresas que tienen una facturación inferior al millón de euros está prácticamente centrada en las provincias de Madrid y Barcelona, con algo más de 500 millones cada una, seguidas de Andalucía con 390 y Comunidad Valenciana con 302, por el contrario, las provincias o comunidades autónomas con menos contrataciones de este tipo son La Rioja con 26 millones, Navarra con 27 y Cantabria con 49 millones de euros.

Para atajar esta situación, UPCT ha puesto en marcha un portal de transparencia de la contratación pública. Se trata de una herramienta con la que pretenden que las administraciones faciliten el acceso y la tutorización a la concurrencia de contratos públicos a todos aquellos autónomos que estén en condiciones de poder hacerlo, abriendo un nuevo espacio en el que poder desarrollar su actividad.

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