El pasado mes de marzo, cuando el Gobierno anunciaba una de sus medidas «estrella» contra la crisis, los créditos ICO, diversas startups como las de financiación participativa o las fintech, pidieron al ejecutivo que les dejaran participar en su gestión. De esta manera, ayudaban al sistema bancario y a los propios beneficiarios, ya que se convertían en un nuevo canal para aliviar el congestionado sistema de financiación. Muchas de ellas también pidieron ayuda para acceder a estos créditos y obtener liquidez, según cuentan en Merca2.
La «voz cantante» de estas iniciativas ha sido de Housers, plataforma de financiación participativa que financia empresas a través del crowdfunding o el crowdlending, que justificaba su participación en estas operaciones con la garantía de estar regulados por la CNMV. Es decir, que ofrecen la misma seguridad jurídica que bancos, establecimientos financieros de créditos y entidades de pago supervisadas por el Banco de España.
Hace unos días se aprobó el cuarto tramo del ICO y en total, ya están circulando 84.500 millones de los 100.000 que el Ejecutivo tiene previsto desbloquear.
En la práctica, la situación es dramática: bancos desbordados, burocracia infinita y pymes que siguen sin poder acceder a la financiación del ICO, tres meses después de haberla solicitado. Pero el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Tesoro Público y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sigue haciendo oídos sordos a plataformas como Housers, que tienen la ventaja “de la capilaridad, de la agilidad y de ser completamente digitales”. No solo quieren democratizar la inversión, también el acceso a la financiación, explica el consejero delegado, Juan Antonio Balcázar a Merca2.
Siguiendo el funcionamiento de estas startups, los inversores de las mismas podrían realizar préstamos a empresas y pymes, sabiendo que hasta un 80% de su préstamo está avalado por el Estado, a través del ICO. Según Paco Navas, CFO de Bnext, el protocolo establecido para la financiación de los ICOs exige que sean «empresas financieras» quienes las gestionen, un distintivo que las fintech aún no tienen.
Y, lejos de subsanar este error, los bancos saturados, se quedan sin línea de crédito a los pocos días, hacen grandes esfuerzos para absorber toda la demanda, e incluso, algunos están concediendo préstamos sin esperar a la aprobación de la Administración, para intentar agilizar los trámites. «Nos consideran un banco como puede ser el Santander, pero somos una startup, una empresa innovadora que está empezando”.
Soluciones que la Administración no escucha
El ecosistema emprendedor se ha sentido muy ignorado durante toda la pandemia, por parte de la administración. En lugar de ser considerados como parte de la solución, como ocurre en otros países europeos, sus propuestas han caído en saco roto, una y otra vez. Según Merca2, la AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) lleva un tiempo reclamando un fondo de coinversión público-privado para préstamos que se convertirán en capital si no se reembolsan.
Las mismas fuentes apuntan que el ejecutivo ha escuchado a estas asociaciones pero no les han dado ninguna respuesta. Entre las medidas que necesita el sector es modificar ciertos criterios de facturación del Real Decreto del 18 de marzo, para que fintech y startups sean conempladas como pymes pero reconociendo que no poseen los mismos ratios que las pymes tradicionales.
