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Martes, 25 Enero 2022

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La AEDAF muestra su preocupación por la posibilidad de aumentar los tipos del IVA

AEDAF ha organizado recientemente su sesión sobre la reforma fiscal del gobierno en la que se han abordado las consecuencias de aumentar los tipos de IVA.

«Reflexión sobre la Reforma Fiscal. Fiscalidad Indirecta» reunió a  a Ruiz Gallud, ex director de la AEAT y a Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola y ex subdirectora General de Impuesto sobre las Personas Jurídicas, ambos miembros de la Asociación Española de Asesores Fiscales.

El IVA es el tributo de segunda mayor recaudación después del IRPF, cerca del 35% del total de la recaudación de los tributos gestionados por la AEAT (en 2021 se prevén ingresos de más de 70.000 millones de euros en IVA). En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se ha aumentado el tipo del IVA aplicado a las bebidas refrescantes, que ahora tributan en el tipo general.

En su intervención, Salvador Ruiz Gallud afirmó que “la corrección del déficit público en España debe, sin duda, comenzar por un ajuste del gasto, en niveles muy elevados y sin que se hayan formulado planes de reequilibrio en el medio y largo plazo. Sólo si entonces se continuara advirtiendo la necesidad de un aumento de la imposición, podría plantearse una elevación del tipo general del IVA, aun por tiempo limitado (como dos o tres años). De adoptarse esa medida, habrían de habilitarse simultáneamente subvenciones correctoras de potenciales efectos no deseables sobre los colectivos de ciudadanos más necesitados”.

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El sector turístico

Según Ruiz Gallud, “los servicios turísticos (restauración, hoteles, transporte terrestre de viajeros) no deberían verse afectados por una subida de tipos en el actual momento de recuperación tras una importante crisis económica”.

Por su parte, Begoña García-Rozado destacó que “la fiscalidad debe utilizarse como uno de los mecanismos impulsores del cambio y de ayuda a la consecución de los objetivos medioambientales”.

La ponente ha reclamado “una reforma del sistema fiscal medioambiental que tenga como objetivos la coordinación, el alcance general tanto a productores como a consumidores, el principio de que quien contamina paga, y la eliminación de dobles imposiciones” , con el proyecto de reforma de la directiva fiscal energética (2003/96/CE) como referente.

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