A finales de agostó del año pasado entró en vigor la nueva Ley Concursal. Para la Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuraciones e Insolvencia (ASPAC) la reforma ha tenido un gran impacto en el sistema económico y legal por el gran aumento del número de concursos declarados, prácticamente el doble que en el mismo período que en el año anterior. Sin embargo, la asociación alerta que, si se analiza en detalle la tipología de ese aumento de los concursos, este proviene fundamentalmente de los concursos declarados de las personas físicas.
Para el presidente de ASPAC, Diego Comendador, “el número de concursos de empresas ha descendido, pero el aumento de las personas físicas que han solicitado concurso es exponencial. Lo que resulta más preocupante es que la mayor parte de esos concursos se han presentado bajo la nueva regulación de los concursos sin masa. Este tipo de concursos ha aumentado más de un mil por ciento».
“La Segunda Oportunidad no puede ser un mecanismo legal para favorecer un endeudamiento irresponsable. En opinión de ASPAC se debe regular de otra manera este tipo de concursos para evitar situaciones de abuso y de utilización de la Ley para algo distinto para lo que fue concebida. Por ejemplo, que un experto en insolvencias pueda analizar previamente las causas que han provocado el endeudamiento, para conocimiento del juez del procedimiento”, añade.
Regular la remuneración y acceso a la profesión a través del Estatuto
Asimismo, ASPAC cree que la Ley ha presentado avances significativos para el sector de la insolvencia, pero todavía se hacen necesarios múltiples desarrollos reglamentarios que son clave, como una plataforma, unos formularios y, sobre todo, el desarrollo reglamentario de un Estatuto que regule la Administración Concursal, entre otros. Los administradores concursales llevan reivindicando este Estatuto desde 2014 y consideran que es fundamental para mejorar sensiblemente los procesos de insolvencia, y mejorar la eficiencia de los procedimientos.
ASPAC ha propuesto un control del acceso a la profesión más restrictivo que favorezca la preparación, puesto que el número de administradores en España no se corresponde con la realidad del número de concursos que tienen lugar cada año. Esto implica que al final en algunos casos no sean los profesionales mejor capacitados los que atienden los casos de insolvencia, lo cual puede repercutir gravemente en la eficacia de los procesos.
Para Comendador “si se elabora un marco regulatorio para el sistema de la insolvencia no puede abandonarse a sus profesionales. De ahí la necesidad de este Estatuto, que conllevaría profesionalizar la Administración Concursal y que los expertos del sector cuenten con un marco y unos criterios por los que regirse, generando un sistema más sólido para salvar empresas viables y dar una segunda oportunidad real a las personas”.
