España se acaba de sumar a la lista de países que piden explicaciones a Google por el caso Street View, en el que se le acusa al gigante de Internet de sustraer y almacenar de forma masiva los datos que circulaban sin cifrar por las redes abiertas que el coche de Street View iba encontrando a su paso. La compañía admitió la recogida de datos, pero lo atribuyó a un error.
En España, el ministerio público guipuzcoano en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, será el encargado de investigar si Google incurrió en un delito o no. Fuentes de la investigación explican que han solicitado a los agentes que tomen declaración como implicado al representante legal de Google en España, y que examinen el vehículo y los dispositivos utilizados para captar y almacenar los datos.
El fiscal recuerda que la principal fuente de financiación de Google es la «publicidad inteligente» y que el Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión y multa para quien se apodere de cartas, correos electrónicos y otros documentos personales. Google podría ser perseguida por la vía penal en casi todas las 30 jurisdicciones en las que utilizó el sistema
