El Gobierno aumenta su labor de vigilancia e inspección para atajar el fraude en el cobro de la prestación por desempleo. La vicepresenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría ha informado que en el primer semestre del año se llevaron a cabo 10.209 actuaciones relacionadas con esta materia, dando como resultado que 4.379 personas estaban trabajando al mismo tiempo que cobraban la prestación por desempleo. Se calcula que esta cifra es un 38% mayor que lo registrado en el mismo periodo del año pasado.
La ministra informó además que tras esas actuaciones, la Inspección descubrió 3.211 infracciones cometidas por empresas que emplean a parados beneficiarios de la prestación, un 26,7% más.
Sáenz de Santamaría ha resaltado además que se realizaron 11.753 inspecciones para destapar empresas ficticias creadas para cobrar prestaciones de todo tipo, ámbito en el que se han descubierto 809 infracciones, un 537% más, mientras que los contratos de trabajo simulados que fueron anulados ascendieron a 14.376, un 117,8% más que en los seis primeros meses de 2011.
La vicepresidenta ha subrayado que el fraude laboral es «una lacra» que perjudica la recaudación y, por tanto, a los servicios públicos básicos, que viven de los ingresos de las arcas públicas. «Aquí no se defrauda sólo al fisco, sino que se defrauda a la ciudadanía», ha enfatizado.
«Un país gana credibilidad cuando los ciudadanos cumplen con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social», ha dicho la vicepresidenta, que ha insistido en que hay que acabar con la visión «tolerante» frente al que defrauda y «se considera más listo que nadie» por burlar a las administraciones públicas no pagando sus impuestos o cobrando el paro a la que vez que se trabaja.
«Esto no es admisible en ningún momento pero menos en un momento de crisis, en el que se están pidiendo grandes esfuerzos a los ciudadanos», ha afirmado Sáenz de Santamaría, que ha hecho hincapié en que se va a actuar de manera contundente contra los defraudadores.
